“No tenemos factibilidad técnica en su edificio”.

Quien viva en Chile en un edificio o en un condominio, sabe de lo que estamos hablando: a la hora de tratar de escoger un proveedor de TV Cable, teléfono fijo o Internet, son muy pocos aquellos que tienen la posibilidad de seleccionar a su compañía, normalmente, solo tienes “la que te toca”.

Esto tiene una razón histórica. A lo largo de los años, las empresas inmobiliarias y las constructoras han llegado a “acuerdos de exclusividad” con las compañías de telecomunicaciones, las primeras garantizando la presencia de las últimas como oferente único a cambio de algún tipo de compensación.

El perjuicio para el usuario, nosotros, es evidente: No existe la competencia en el cuarto de milla final para los residentes de estas comunidades, lo cual permite alzas de precios en el servicio, baja calidad de los productos y, en general, todas las caricaturas propias de un monopolio… sin ser monopolio.

Más allá de quien tiene la culpa de todo esto, parece que en Chile queremos avanzar para resolver los problemas.

Libre Competencia y Proyectos de ley

A un puñado de proyectos de ley que buscan regular estas anomalías, se suma una sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que ordena al Ministerio de Vivienda y Urbanismo -por un lado- y a la Subsecretaría de Telecomunicaciones dictar normativa técnica para garantizar el acceso de varios operadores a los edificios y condominios regidos por la Ley de Copropiedad Inmobiliaria.

Como la ley -por definición- no puede tener efecto retroactivo, es decir, no puede afectar a casos del pasado que se dieron bajo la legislación anterior, ya sea la sentencia del Tribunal o los proyectos que modifican la Ley de Copropiedad Inmobiliaria para reglamentar estas materias, no parecía haber una solución para los edificios y condominios ya construidos y que hoy no tienen más de un proveedor de telecomunicaciones.

El diálogo y la sociedad civil

En los meses finales de 2013, en ONG Cívico nos aproximamos a las distintas empresas de telecomunicaciones para poder empezar a amasar una iniciativa que nos permitiera solucionar este problema para la ciudadanía. Antes que el Tribunal resolviera e incluso antes que algunos proyectos de ley se movieran en el Congreso, logramos tener un pre-acuerdo para poder, al menos, sentar a las empresas a conversar sobre estas materias.

Es así como en abril de este año, ONG Cívico junto a la Asociación Chilena de Comités de Copropiedad y la ONG Derechos Digitales, convocamos a la primera de varias mesas de trabajo con las empresas de telecomunicaciones. En dicha oportunidad, convocamos también al Gobierno a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, con el claro objetivo de poder negociar un acuerdo de la industria que nos permitiera resguardar los derechos de libre elección de servicios para los usuarios.

Al cabo de algunas semanas, trasladamos esta conversación al Consejo de la Sociedad Civil de SUBTEL y hoy nos encontramos en las puertas de una serie de reuniones oficiales entre las organizaciones de la sociedad civil, las empresas de telecomunicaciones, las del rubro de la construcción y el Gobierno (MINVU y SUBTEL) para fijar un acuerdo de buenas prácticas que nos permitan garantizar los derechos de los consumidores en esta materia.

Los objetivos de Cívico en esta pasada han sido claros y transparentes:

  1. Ser garantes de un proceso de diálogo participativo y abierto entre todas las partes interesadas
  2. Facilitar el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y el Gobierno
  3. Proteger el derecho de los usuarios a escoger a su proveedor de servicio de telecomunicaciones
  4. Evitar que los costos de esta adaptación del mercado se traspasen a los consumidores a través de las boletas de los servicios

Habiendo cumplido con absoluto éxito el primer y segundo objetivo, ahora estamos volcados a proponer soluciones coherentes para el problema. Nuestras propuestas para un acuerdo de buenas prácticas, son las siguientes:

  • Los copropietarios podrán solicitar a una empresa de telecomunicaciones que preste sus servicios en su edificio o condominio. Para esto, las empresas deberán disponer de un formulario tipo o algún procedimiento expedito para que esta solicitud se lleve a cabo de forma pública y transparente.
  • Ante dicha solicitud, la compañía deberá presentar al comité de copropietarios una propuesta de trabajo que detalle plazos y condiciones para realizar todas las adaptaciones necesarias para permitir la instalación del cableado e infraestructura en el edificio y condominio.
  • Una vez aprobada la solicitud por parte del comité de copropiedad, la empresa entrante podrá solicitar, si fuese necesario, a la(s) empresa(s) ‘dominantes’ que se les facilite el acceso al edificio o condominio, solicitud que las compañías existentes no podrán negar.
  • De existir costos cruzados para estas instalaciones entre las empresas dominantes y las empresas entrantes, estos se deberán liquidar por compensación entre las mismas empresas a través de un procedimiento fijado por ellas de común acuerdo.

Estas serán las ideas principales a presentar por nuestra parte en las mesas de negociación que se realizarán en los próximos días y buscan crear un espacio para solucionar la falta de competencia, sin traspasar los costos a los usuarios… como es la costumbre en cualquier modificación sustantiva en los mercados de servicios.

Como siempre, estamos abiertos a sugerencias e ideas para mejorar nuestras propuestas iniciales, cabe decir que aún queda mucho río por navegar para poder obtener un resultado en esta materia. Te invitamos a compartir tus ideas sobre este tema en los comentarios de esta nota.

3 comentarios “Edificios: ¿Qué estamos haciendo por la libertad de elección de servicios de telecomunicaciones?

  • Estimados, dejo a continuación algunas ideas, a ver si les sirven:

    Respecto del primer punto de las buenas prácticas: pienso sería recomendable establecer cuántos copropietarios (uno, algunos, mayoría, todos) tienen que llenar la solicitud. Esto puede influir sobre la factibilidad práctica de hacer la solicitud (unanimidad de propietarios en edificios de +50 propietarios, se hace más difícil).

    Respecto del segundo punto, dos cosas: a) la propuesta puede ser al comité de copropietarios o a su representante (por ejemplo, el administrador del edificio), la idea es que de gestarse un trámite no signifique a quien pide las gestiones de conectividad una carga adicional, cual es tener que ver él sólo la tramitación de una ventaja para todos. b) Este proceso debe contemplar la posibilidad de contra-propuesta o negociación de parte del comité de administración o su representante, a fin que se pueda adaptar la solución propuesta por la operadora a la realidad del edificio.

    Respecto del tercer punto: el concepto acceso debiera estar un poco más especificado principalmente a lo técnico, a saber: puesta a disposición de planos, de información de instalación, etc. Entiendo en todo caso que eso es más bien materia reglamentaria, pero puede dejarse en la enunciación del principio algo así como “·acceso material y técnico”.

    Respecto del cuarto punto: el costo es el tema que más puede generar resistencias jurídicas (V. Gr.: ¿por qué tengo que soportar el costo de instalación de un competidor?) Al respecto, pienso importante puntualizar que si hay costos de instalación que por justicia debieran ser soportado por la comunidad, éstos: a) debieran ser informados con anterioridad, b) debieran ser posible de conversar o negociar y c) debieran ser asumidos por la comunidad, aunque siempre luego de la compensación de costos entre compañías.

    Espero ayudar en algo. Saludos

    • Hola Ignacio. Muchas gracias por compartir tus ideas, creo que las vamos a incorporar a nuestra propuesta en la mesa de negociación.

      El único “pero”, que más bien es una aclaración, es lo que señalas en el último párrafo: Como las empresas están participando de esta conversación, nos hemos encargado de hablar con ellos una por una, y hemos detectado que hay disposición plena a asumir los costos de instalación, ya que eso les facilita la mecánica de acceder a un edificio o condominio.

      Es por esto que estamos proponiendo que los costos de acceso funcionen en el esquema “cada uno mata su toro”, y si existen costos cruzados, que se compensen entre ellos a través de un procedimiento privado que no implique molestar o dejar en indefensión a los copropietarios.

      Saludos y muchas gracias nuevamente por tu aporte.

Deja un comentario